La Corte Suprema pronto emitirá una opinión sobre una demanda relacionada con las devastadoras regulaciones de "carga pública" de Trump. El fallo no cambiará la política de carga pública, y cualquier cobertura local que sugiera lo contrario podría poner en riesgo a las familias inmigrantes del área.
La cuestión ante el Tribunal Supremo es de procedimiento.
La decisión no tendrá ningún efecto sobre la elegibilidad para los servicios sociales y de salud y no tendrá consecuencias para las solicitudes de inmigración.
La petición en cuestión fue presentada por el Fiscal General de Arizona y otros doce estados que quieren intervenir para defender las regulaciones de carga pública de Trump, luego de que el gobierno federal decidiera no defenderlas. La Corte Suprema se pronunciará solo sobre este asunto de procedimiento, y su fallo no cambiará en absoluto el procesamiento de las solicitudes de inmigración. Incluso si la Corte Suprema permite que los estados intervengan, ese fallo simplemente resultaría en más litigios, con un veredicto final dentro de meses o incluso años.
Este caso no es motivo de alarma, pero es un recordatorio de que debemos seguir corriendo la voz de que la regla de carga pública de Trump ya no está en vigor. Encuestas recientes encontraron que solo el 22% de las personas en familias inmigrantes habían oído que la Administración Biden había terminado con la política de carga pública de Trump. La misma encuesta encontró que alrededor del 40% de los miembros de familias inmigrantes que necesitan ayuda o atención se mostraron reacios a presentar una solicitud incluso después de enterarse del cambio de política. Investigaciones anteriores sugieren que muchas familias siguen preocupadas de que la política de Trump realmente no haya desaparecido.
Estos son los hechos:
- La administración de Biden revocó la política de carga pública de Trump hace más de un año.
- Las familias inmigrantes pueden seguir utilizando la mayoría de los programas de atención médica y de servicios sociales para los que califican sin consecuencias migratorias.
- El fallo de la Corte Suprema no cambiará ese hecho.
Para obtener información precisa sobre la carga pública y programas públicos específicos, las familias inmigrantes pueden visitar https://keepyourbenefits.org/es/na/
Proyecto de justicia sanitaria en Florida se ha pronunciado anteriormente en contra de la regla de carga pública de la administración Trump, ahora revocada, por su efecto escalofriante en las familias inmigrantes que buscan servicios sociales, de salud y nutrición. Si bien afectó directamente solo a un pequeño número de personas, la regulación de Trump sembró el miedo y la confusión entre la comunidad inmigrante en general, afectando de manera desproporcionada a los niños, cuyos padres tenían miedo de inscribirlos en los programas de asistencia pública: Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria). porque temían las consecuencias de inmigración.
La Corte Suprema escuchó el miércoles argumentos relacionados con la regla de "carga pública" de la administración Trump, una política de inmigración que amplió la definición de a qué inmigrantes se les puede negar la residencia permanente. Un grupo de estados rojos liderados por Arizona pidió a los jueces que les permitieran defender la regla en un tribunal federal, a pesar de que la administración Biden la había abandonado.
https://www.nytimes.com/2022/02/23/us/politics/supreme-court-public-charge-rule.html
La Corte Suprema escuchó argumentos el miércoles en una disputa enredada sobre si los estados liderados por republicanos pueden intervenir para defender una política de inmigración de la era Trump que la administración Biden ha abandonado. La política, una revisión de la regla de "carga pública", impuso una nueva prueba de riqueza a los solicitantes de tarjetas verdes.
Florida Health Justice Project se dedica a la defensa integral para ampliar el acceso a la atención sanitaria y promover la equidad sanitaria para los floridanos vulnerables.
Una copia del registro oficial y la información financiera se puede obtener de la división de servicios al consumidor llamando al número gratuito 1-800-HELP-FLA (435-7352) dentro del estado. El registro no implica respaldo, aprobación o recomendación por parte del estado.
