Los defensores presentan una demanda contra organismos del estado de Florida por retirar indebidamente Medicaid a pacientes cuya elegibilidad original estaba relacionada con su adopción o discapacidad.

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El Auditor General de Florida citó la falta de revisión o procesamiento de más de 650.000 intercambios de datos y el riesgo potencial de no proporcionar prestaciones a las personas con derecho a ellas

JACKSONVILLE, Florida, 7 de agosto de 2019 - Varias organizaciones de ayuda legal civil presentaron hoy una demanda colectiva federal contra las agencias estatales que operan Florida Medicaid después de identificar un patrón de terminación indebida de la cobertura de aquellos cuya elegibilidad se derivó originalmente de su calificación para beneficios federales por discapacidad o su adopción a través del sistema de dependencia del estado.

"Esta demanda pretende rectificar un problema que ya habíamos tratado de resolver en vano con el Departamento de Niños y Familias de Florida", declaró Katy DeBriere, directora jurídica del Florida Health Justice Project. "Al administrar el programa Medicaid de Florida en nombre de la Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria, el DCF incumple sistemáticamente su obligación de proporcionar prestaciones garantizadas por el gobierno federal a aquellas personas cuyos criterios de elegibilidad han cambiado pero que, no obstante, siguen teniendo derecho a Medicaid. Además, los afectados por este fracaso han sido puestos en riesgo de lesiones significativas e irreparables en virtud de la falta de acceso al tratamiento de enfermedades graves como la fibrosis quística, parálisis cerebral, epilepsia y esquizofrenia."

La ley federal exige que las agencias estatales de Medicaid continúen proporcionando cobertura hasta que se determine que un beneficiario no reúne los requisitos en todas las categorías de elegibilidad. Además, el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) tiene que notificar y dar la oportunidad de una audiencia justa a cualquier persona cuyas prestaciones de Medicaid se den por terminadas.

En los casos de al menos una docena de clientes atendidos por Jacksonville Area Legal Aid y Disability Rights Florida, todos ellos adoptados o discapacitados, nada de eso ocurrió hasta que intervinieron las organizaciones de asistencia jurídica civil. Las dos organizaciones, junto con el Proyecto de Justicia de Salud de Florida y el Centro Nacional para la Ley y la Justicia Económica, han presentado la demanda colectiva en un esfuerzo por obligar a AHCA y DCF a dejar de negar injustamente la cobertura de Medicaid a los miembros de la clase hasta que su elegibilidad continua en todas las categorías de Medicaid se ha determinado y se les ha proporcionado la debida notificación en los casos en que DCF termina los beneficios de Medicaid.

"Los servicios de Medicaid, especialmente los servicios domiciliarios y comunitarios, son un factor crítico para mantener a las personas con discapacidad sanas y seguras en sus propios hogares", dijo Amanda Heystek, directora de reforma de sistemas de Disability Rights Florida. "Garantizar la elegibilidad continua para estos servicios es vital para su bienestar. Los problemas abordados por esta demanda se han planteado al Departamento de Niños y Familias antes, y las personas que dependen de los servicios de Medicaid merecen una solución."

Uno de los dos demandantes nombrados, Clayton Harrell, de Jacksonville, perdió sus beneficios de Medicaid el 31 de julio al cumplir 18 años porque ya no es elegible a través del programa estatal de asistencia para la adopción, aunque sigue siendo elegible para Medicaid en función de su edad y los ingresos del hogar, así como la discapacidad. A Harrell, que fue adoptado en un hogar de acogida, se le han diagnosticado múltiples afecciones físicas y mentales.

Del mismo modo, Austin Trueblood, de 31 años, residente en Lakeland y diagnosticado con síndrome de Down, vio recortadas sus prestaciones de Medicaid de Florida cuando la Administración de la Seguridad Social aprobó su solicitud de prestaciones de hijo adulto discapacitado (DAC), lo que le hizo no tener derecho a la Seguridad de Ingreso Suplementario que originalmente le había cualificado para Medicaid de Florida. Si el DCF hubiera llevado a cabo una revisión exigida por el gobierno federal antes de recortarle las prestaciones de Medicaid, habría descubierto que seguía teniendo derecho a Medicaid por sus prestaciones DAC.

"AJ tiene derecho a estos servicios de Medicaid desde que tenía 18 años", afirma Suzanne Trueblood, madre y tutora de Austin. "Sólo porque cambió su situación en la Seguridad Social, le echaron del programa cuando no debería haber sido así. Sus necesidades no han cambiado en absoluto y sigue necesitando esta atención sanitaria. Preguntamos si el cambio afectaría a su derecho a Medicaid y nos dijeron que no. Sin embargo, le echaron de todos modos. No hay manera de que hubiera sido capaz de hacer frente a esto por su cuenta. Estoy segura de que a otras personas también les han dado de baja por error, y puede que no tengan a nadie que les ayude a recuperarla".

Cuando los abogados de ayuda legal civil comenzaron a investigar la causa raíz de la falla sistémica, descubrieron un informe del Auditor General del Estado de Florida de 2018 que afirmaba que el DCF no había realizado, a partir del 29 de noviembre de 2017, una revisión oportuna de más de 650,000 intercambios de datos y que "el riesgo de que las personas elegibles no reciban beneficios oportunos ... aumenta cuando las respuestas de intercambio de datos se eliminan o no se revisan y procesan oportunamente."

Entre los intercambios de datos no revisados están los que se producen entre las bases de datos del DCF y las de la Administración de la Seguridad Social, que administra las prestaciones federales por discapacidad, y la Red de Familias Seguras de Florida, a través de la cual se administran las prestaciones de los acuerdos de adopción estatales. El informe del Auditor General de Florida de 2018 indica que el DCF ha sido advertido repetidamente del problema, pero no lo ha abordado con éxito. En respuesta, el DCF citó la insuficiencia de personal.

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