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"Esta normativa obliga a millones de familias de todo el país a elegir entre las cosas que necesitan y las personas a las que quieren. Ha creado un efecto escalofriante en nuestras comunidades de inmigrantes porque mucha gente está confundida sobre a quién va dirigida la norma y a quién no", dijo el Dr. Matt Childers, Director de Investigación y Política de la FHJP.
Isabel Vinent, directora ejecutiva interina de la Coalición de Inmigrantes de Florida, añadió que "la propuesta de 'carga pública' es otra desviación radical de las interpretaciones y políticas anteriores que afectan a los inmigrantes que quieren acceder a una tarjeta verde. Esto tendrá un impacto dramático en las vidas de los inmigrantes, especialmente en las personas de color con bajos ingresos. Se trata de familias trabajadoras que tratan de vivir al máximo de sus posibilidades, al tiempo que contribuyen enormemente a la cultura y la economía de Estados Unidos. El mensaje de esta política es claro: se dará prioridad a los inmigrantes blancos y ricos. Eso no es lo que somos como nación".
La FHJP calcula que hasta 107.000 niños nacidos en EE.UU., en familias en las que uno o ambos progenitores no son ciudadanos, perderán su seguro médico. y hasta 82.000 personas perderán el acceso a las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) debido al efecto paralizador de la norma. El sur de Florida sufrirá un impacto desproporcionado, ya que la mitad de las familias afectadas viven en el área metropolitana de Miami. El sitio Instituto Urbano muestra que, en todo Estados Unidos, una de cada siete familias inmigrantes ya ha empezado a evitar los programas de ayuda gubernamental no monetaria.
"En este ambiente político, muchas familias inmigrantes que son elegibles para recibir beneficios públicos, independientemente de esta regla, tienen miedo de permanecer o inscribirse en programas de asistencia pública porque piensan que su estatus legal cambiará o, peor aún, que serán deportados. Es una amenaza para la salud pública y la economía de nuestro estado, y sus consecuencias afectarán de forma desproporcionada a la zona de Miami", declaró Childers.
La normativa final pone en peligro las admisiones en EE.UU. o las solicitudes de "tarjeta verde" para un inmigrante o un miembro de su familia si su patrimonio se sitúa por debajo del 125% del nivel federal de pobreza ($32.188 al año para una familia de cuatro miembros) o si utilizan Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, antes "Cupones de Alimentos") o los vales de alquiler de la "Sección 8". Las solicitudes de ciudadanía no están sujetas a la normativa sobre "carga pública", y los refugiados, asilados y otros inmigrantes también están exentos. Según estimaciones conservadoras, el impacto de la normativa será de 1.000 millones de euros al año. 26 millones de personas en todo el país. Eso incluye a la cuarta parte de todos los niños de Estados Unidos -la inmensa mayoría nacidos aquí- que viven en familias inmigrantes. Los expertos prevén un aumento de las necesidades de atención sanitaria insatisfechas, así como del hambre, la pobreza infantil, la vivienda inadecuada o insegura y otras causas de mala salud. Y dado que los inmigrantes a los que se dirige la propuesta de Trump son en su inmensa mayoría inmigrantes de color, los expertos prevén que aumenten las disparidades raciales en materia de salud.
Florida Health Justice Project se dedica a la defensa integral para ampliar el acceso a la atención sanitaria y promover la equidad sanitaria para los floridanos vulnerables.
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